Abonos chiquitos para pagar poquito...
México SA
Carlos Fernández-Vega
¿Microfinancieras? No, macrousureras
Esas instituciones cobran tasas de interés que harían sonrojar a los agiotistas más duros
A lo largo y ancho del país, las llamadas microfinancieras crecen como las enredaderas (a lo bestia y sin mayor regulación) en el marco del programa gubernamental tendiente a changarrizar la República y hacer de cada mexicano desempleado un orgulloso emprendedor del "cambio.
Este tipo de instituciones "atiende" a la población de menores recursos ("organizaciones e instituciones que brindan servicios financieros de ahorro y crédito -de muy corto plazo- a los más pobres y vulnerables", de acuerdo con la definición oficial); no otorga grandes cantidades de dinero para "evitar el endeudamiento desmedido y la incapacidad de pago", pero cobran tasas de interés que harían sonrojar a los agiotistas más duros de la Central de Abastos.
Las microfinancieras han sido impulsadas por el inquilino de Los Pinos, siempre ocupado -según dice- "en apoyar las capacidades productivas de los más pobres, para mejorar sus condiciones de vida, e incrementar su capacidad de ahorro y su patrimonio".
Ese es el panorama idílico que pinta el gobierno del "cambio", pero los especialistas de la Facultad de Economía y del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, como en el caso concreto de Rubén Mújica, documentan a México SA la realidad:
La vida de múltiples comunidades depende progresivamente de las remesas de sus parientes que trabajan en Estados Unidos, pero simultáneamente los campesinos, indígenas, pescadores, etcétera, están urgidos de disponer de crédito de corto plazo para producir o capturar lo indispensable, comercializar márgenes modestos de su producción y gastos urgentes familiares. El crédito local en los pueblos es un latrocinio: alcanza hasta 200 por ciento al año e, increíblemente, en algunos casos lo supera. En este sentido, operan "instituciones crediticias" como Came y Fincomun, con tasas de interés de 7 por ciento mensual en el Distrito Federal y en zonas periféricas como Nezahualcóyotl, y la Caja Popular Mexicana, con 28 sucursales que operan principalmente en el Bajío. Todas estas instituciones son sujetos de fondeo por la Secretaría de Economía, que maneja el Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario.
En toda la República, sin que despierte la indignación y rechazo de legisladores, gobernadores, funcionarios menores o del eufórico Presidente de la República, han proliferado en las zonas rurales organizaciones privadas que operan créditos. Un ejemplo concreto es "Compartamos" (hoy Banco, de los Legionarios de Cristo, por obra y gracia de la Secretaría de Hacienda; ver México SA del pasado sábado), identificado con una organización "altruista", Acción Internacional, que pondera su eficiencia y singular rentabilidad.
Esa empresa opera microcréditos, frecuentemente con grupos de mujeres, con plazos formales de cuatro meses y con tasas de interés de 5 por ciento mensual. ¿Cuál es la realidad? Las "beneficiarias" del crédito deben empezar a cubrir a partir de una semana de recibirlo, la décima sexta parte del principal y los intereses correspondientes. Así cuando concluyen los cuatro meses finiquitan la deuda con el último pago semanal. Todos los pagos se cubren sobre el monto inicial y no sobre saldos insolutos. Es decir, el crédito no es a cuatro meses, la tasa de interés se eleva monstruosamente por las formas reales de amortización y castigos por retrasos en los pagos.
Los microcréditos individuales deben ser respaldados colectivamente, de manera que el retraso de una obliga a las acreditadas restantes a cubrirlo. Las recuperaciones están garantizadas para la "filantrópica" institución que no cuenta con cartera vencida y que, por esta razón, algunas dependencias gubernamentales mexicanas la consideran el "ejemplo a seguir"; crédito recuperable que cuesta "un poco menos" que el usurero local. Por si fuera poco, empiezan a seguir sus pasos otras "promotoras" de los campesinos e indígenas; en Oaxaca han emergido un amplio número de instituciones "crediticias"que disfrazan su carácter usurero: una extraña organización, Sinvacrem (¡Sistema de Inversión al Ahorro y al Crédito de la Mixteca), que ofrece créditos en condiciones similares; otras, también recientes, son Acrimex, Caja Universal y Caja del Sureste. De años anteriores sobresale Sofic ("la sociedad financiera del milenio") con 17 sucursales en la Mixteca.
¿Por qué la proliferación de las instituciones "crediticias" rurales? La restricción del crédito oficial abrió el paso a la usura privada, una más de las expresiones del desastre rural. La pobreza agudizada es otra cara de ese desgobierno que se tiene por promotor de la "iniciativa privada" y se declara "de y para empresarios", así se cobije a los magnates y se aliente verbalmente a los precarios changarreros.
Las rebanadas del pastel:
¿Es mediante la usura como el gobierno mexicano pretende "apoyar" a los campesinos y superar la crisis en el agro? ¿Dónde está la Condusef, ombusdman y tutela de los usuarios de crédito? ¿Dónde la CNBV y la Secretaría de Hacienda?
A lo largo y ancho del país, las llamadas microfinancieras crecen como las enredaderas (a lo bestia y sin mayor regulación) en el marco del programa gubernamental tendiente a changarrizar la República y hacer de cada mexicano desempleado un orgulloso emprendedor del "cambio.
Este tipo de instituciones "atiende" a la población de menores recursos ("organizaciones e instituciones que brindan servicios financieros de ahorro y crédito -de muy corto plazo- a los más pobres y vulnerables", de acuerdo con la definición oficial); no otorga grandes cantidades de dinero para "evitar el endeudamiento desmedido y la incapacidad de pago", pero cobran tasas de interés que harían sonrojar a los agiotistas más duros de la Central de Abastos.
Las microfinancieras han sido impulsadas por el inquilino de Los Pinos, siempre ocupado -según dice- "en apoyar las capacidades productivas de los más pobres, para mejorar sus condiciones de vida, e incrementar su capacidad de ahorro y su patrimonio".
Ese es el panorama idílico que pinta el gobierno del "cambio", pero los especialistas de la Facultad de Economía y del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, como en el caso concreto de Rubén Mújica, documentan a México SA la realidad:
La vida de múltiples comunidades depende progresivamente de las remesas de sus parientes que trabajan en Estados Unidos, pero simultáneamente los campesinos, indígenas, pescadores, etcétera, están urgidos de disponer de crédito de corto plazo para producir o capturar lo indispensable, comercializar márgenes modestos de su producción y gastos urgentes familiares. El crédito local en los pueblos es un latrocinio: alcanza hasta 200 por ciento al año e, increíblemente, en algunos casos lo supera. En este sentido, operan "instituciones crediticias" como Came y Fincomun, con tasas de interés de 7 por ciento mensual en el Distrito Federal y en zonas periféricas como Nezahualcóyotl, y la Caja Popular Mexicana, con 28 sucursales que operan principalmente en el Bajío. Todas estas instituciones son sujetos de fondeo por la Secretaría de Economía, que maneja el Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario.
En toda la República, sin que despierte la indignación y rechazo de legisladores, gobernadores, funcionarios menores o del eufórico Presidente de la República, han proliferado en las zonas rurales organizaciones privadas que operan créditos. Un ejemplo concreto es "Compartamos" (hoy Banco, de los Legionarios de Cristo, por obra y gracia de la Secretaría de Hacienda; ver México SA del pasado sábado), identificado con una organización "altruista", Acción Internacional, que pondera su eficiencia y singular rentabilidad.
Esa empresa opera microcréditos, frecuentemente con grupos de mujeres, con plazos formales de cuatro meses y con tasas de interés de 5 por ciento mensual. ¿Cuál es la realidad? Las "beneficiarias" del crédito deben empezar a cubrir a partir de una semana de recibirlo, la décima sexta parte del principal y los intereses correspondientes. Así cuando concluyen los cuatro meses finiquitan la deuda con el último pago semanal. Todos los pagos se cubren sobre el monto inicial y no sobre saldos insolutos. Es decir, el crédito no es a cuatro meses, la tasa de interés se eleva monstruosamente por las formas reales de amortización y castigos por retrasos en los pagos.
Los microcréditos individuales deben ser respaldados colectivamente, de manera que el retraso de una obliga a las acreditadas restantes a cubrirlo. Las recuperaciones están garantizadas para la "filantrópica" institución que no cuenta con cartera vencida y que, por esta razón, algunas dependencias gubernamentales mexicanas la consideran el "ejemplo a seguir"; crédito recuperable que cuesta "un poco menos" que el usurero local. Por si fuera poco, empiezan a seguir sus pasos otras "promotoras" de los campesinos e indígenas; en Oaxaca han emergido un amplio número de instituciones "crediticias"que disfrazan su carácter usurero: una extraña organización, Sinvacrem (¡Sistema de Inversión al Ahorro y al Crédito de la Mixteca), que ofrece créditos en condiciones similares; otras, también recientes, son Acrimex, Caja Universal y Caja del Sureste. De años anteriores sobresale Sofic ("la sociedad financiera del milenio") con 17 sucursales en la Mixteca.
¿Por qué la proliferación de las instituciones "crediticias" rurales? La restricción del crédito oficial abrió el paso a la usura privada, una más de las expresiones del desastre rural. La pobreza agudizada es otra cara de ese desgobierno que se tiene por promotor de la "iniciativa privada" y se declara "de y para empresarios", así se cobije a los magnates y se aliente verbalmente a los precarios changarreros.
Las rebanadas del pastel:
¿Es mediante la usura como el gobierno mexicano pretende "apoyar" a los campesinos y superar la crisis en el agro? ¿Dónde está la Condusef, ombusdman y tutela de los usuarios de crédito? ¿Dónde la CNBV y la Secretaría de Hacienda?
cfvmx@yahoo.com.mx / cfv@prodigy.net.mx
publicadas por john_mira @ 8/08/2006 10:00:00 p.m.
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