Algunas columnas interesantes de La Jornada
Octavio Rodríguez Araujo
En la máquina del tiempo
Hace muchos años tuve una ríspida discusión con algunos colegas especialistas en elecciones mexicanas. Mi argumento era que el análisis de las elecciones tenía que tomar en cuenta que los datos no eran confiables; que me constaba, por testimonios personales de amigos en el poder, que esos datos se ajustaban desde los escritorios de Gobernación con base en límites de credibilidad y según el mejor escenario escogido matemáticamente por expertos. Algunos de esos escenarios los conocí porque sus artífices confiaron en mi discreción al exponérmelos para conocer mi opinión. ¿Cuál te parece el más aceptable, el más creíble?, me preguntaban. Eran los tiempos en los que el gobierno federal en turno controlaba todo el proceso electoral, desde la elaboración del padrón de electores hasta la calificación de los resultados por los colegios electorales de las dos cámaras del Congreso de la Unión (subordinadas entonces al Poder Ejecutivo).
Una de las respuestas que me daban mis colegas, incómodos con mis críticas a su trabajo y que años después fueron consejeros electorales en el país o en alguna entidad federativa, fue que esos eran los datos y con ellos había que trabajar. Mi contrarréplica era que sí, era lo que había, pero que cualquier análisis de esos datos debía incluir el estudio de sus inconsistencias y que, dado que se maquillaban en función de escenarios creíbles y aceptables, sólo, en el mejor de los casos, servirían para establecer ciertas tendencias, no muy precisas.
El gobierno federal inició paulatinamente la pérdida de control de las elecciones a partir de que la autoridad encargada de éstas aumentó poco a poco una relativa autonomía (nunca completa). Con las reformas legales de 1996, que Zedillo dijo que serían definitivas, y gracias al reparto partidista pero equilibrado de la conformación del Consejo General del Instituto Federal Electoral desde la Cámara de Diputados, los mexicanos quisimos creer en los resultados de las elecciones, a sabiendas de que todavía persistían viejos vicios como la coacción y la compra del voto (sobre todo en zonas rurales), y otros derivados también de la falta de preparación de los funcionarios de casillas y de los representantes de los partidos en muchas de éstas. (De esas reformas legales surgió también el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, TEPJF, como órgano jurisdiccional autónomo y ya sin las ambigüedades que tenía el Trife respecto al alcance de sus resoluciones.) Las elecciones federales de 2000 y de 2003 fueron poco objetadas y, en general, las aceptamos como buenas y válidas. Digamos que los mexicanos (me incluyo) queríamos creer en que ahora sí las elecciones serían el camino más civilizado y democrático para llenar los cargos de representación previstos en la Constitución. Se habló hasta el cansancio de transición a la democracia y los más audaces dijeron que México ya vivía una democracia madura. ¡Error!
En los estados de la República, sobre todo en los que había y hay resabios de caciquismo, las elecciones locales siguieron siendo altamente cuestionadas. Empero, la nueva instancia calificadora de las elecciones, el TEPJF, actuó con objetividad en la anulación de los comicios en Tabasco (2000), lo que le ganó prestigio como autoridad jurisdiccional en materia electoral. Pero esto fue hace seis años y porque los intereses en juego en Tabasco no eran ni son comparables a los que se defienden a nivel nacional en el gobierno federal.
Estos intereses son de tal magnitud que, de golpe, los mexicanos nos vimos metidos en una metafórica máquina del tiempo y regresados a los años 70 y 80 del siglo pasado, con una diferencia: que entonces no existían el IFE y el TEPJF. Sin embargo, estas instancias novedosas que nacieron con prestigio, dilapidaron su imagen y su autonomía al actuar facciosamente y por consigna en la más reñida elección presidencial del México contemporáneo, con lo cual, en los hechos, dimos un paso adelante y dos atrás.
La cacareada transición a la democracia y la democracia que parecía afirmarse en el país en 2000 llevando a Fox a la Presidencia de la República, fue frenada por ésta y luego puesta en reversa anulando en la práctica el avance democrático y a las instituciones correspondientes. En otras palabras, estamos igual que antes, con todo y el IFE y el TEPJF, quizá porque alguien olvidó que las instituciones no son abstracciones suspendidas en el espacio sino órganos encabezados por personas que tienen un precio. El precio de los consejeros electorales del IFE es, por lo menos, mantener su bien pagada chamba por cuatro años más; el de los magistrados, un bono nada desdeñable de varios millones de pesos por diez años de "servicios" (literalmente), más los que quizá recibieron bajo la mesa.
Si en 2000 parecía que sólo en los estados persistían los viejos vicios electorales, en las recientes elecciones federales se comprobó que nada ha cambiado en realidad: el PAN en el poder usó los mismos métodos de su antiguo adversario y ahora aliado, el PRI. Si antes parecía que los únicos rezagados en la modernización democrática eran los estados de la Federación, ahora se sabe que siguen estando rezagados pero que no son los únicos: la Federación también.
Si antes se pensaba que pronto seríamos civilizados y que las luchas por el poder se resolverían en las urnas, pacífica y democráticamente, ahora sabemos que las elecciones, como en las dictaduras de Díaz y de Somoza, sirven para legitimar, a como dé lugar, el poder de los oligarcas que se benefician de él. Y luego se preguntan, con cara de yo no mato una mosca, por qué hay violencia.
Lo que más me molesta es tener que coincidir con quienes siguen diciendo que las elecciones en México son una farsa.
Luis Javier Garrido
El interregno
El desastroso final del sexenio foxista no ha logrado más que evidenciar la inviabilidad histórica que tendría un gobierno ilegítimo encabezado por el panista Felipe Calderón.
1. El largo periodo llamado del interregno, que en la política mexicana ha ido históricamente de la jornada electoral a la toma de posesión del nuevo titular del Ejecutivo, caracterizándose por una progresiva traslación del poder político que evidencia los acuerdos y desacuerdos entre los que se van y los que llegan, está mostrando, además del continuismo casi absoluto que habría entre Fox y Calderón, la gravedad de la crisis política y social en la que el primer gobierno panista deja al país, con dos presidentes de la República: uno, Andrés Manuel López Obrador, que se asume legítimo y anuncia que gobernará desde la sociedad y de manera itinerante por todo el país, y otro, Felipe Calderón, que de manera ilegítima pretende usurpar el poder a partir del 1º de diciembre, y que evidencia todos los días la inviabilidad de su posible gestión.
2. Los planteamientos centrales y el programa de gobierno de López Obrador para el sexenio 2006-2012 fueron anunciados a lo largo de la campaña y reiterados el 16 de septiembre, pero lo que haría Calderón, quien sin haber ganado las elecciones pretende asumir la Presidencia, aunque ya se vislumbraba está apenas conociéndose de manera puntual por las iniciativas que él y Fox están tomando. En lo político se evidencia que de llegar Calderón a Los Pinos el país iría a mayor violencia represiva y en lo económico proseguiría la subordinación absoluta a los organismos financieros internacionales, como adelantó el tecnócrata salinista vergonzante Agustín Carstens, funcionario del FMI, quien le ha sido designado a Calderón como secretario de Hacienda.
3. Las elecciones locales de Tabasco de 2006 no hicieron más que confirmar que la coalición de grupos y de intereses que se ha apropiado ilegítimamente del poder económico y político en México está dispuesta a todo con tal de conservar el poder, y que la violencia fraudulenta y material que en esta ocasión impuso el gobierno tabasqueño con el aval y la colaboración del gobierno federal para evitar que triunfase el candidato del PRD no sirve más que como indicador de la impunidad con la que gobernadores priístas y panistas y funcionarios federales van a actuar en el futuro inmediato.
4. El presagio de lo que podría venir en lo político se ve también en la actuación oficial ante el conflicto de Oaxaca, frente al cual las decisiones tomadas al alimón por Fox y Calderón en el curso del interregno, han terminado por apoyarse cada vez más en la fuerza represiva del Estado. A fin de no afectar con la salida de Ulises Ruiz de la gubernatura oaxaqueña los intereses del PRI y de la alianza PRI-PAN, los panistas han buscado someter a maestros y campesinos a través de la corrupción y el amedrentamiento, sustentándose en particular en las estructuras corporativas del Estado, como se está viendo con el apoyo extraordinario de 41 mil millones de pesos ofrecidos por el gobierno federal a la Gordillo para que el SNTE busque aplastar a los disidentes, de manera que a nadie sorprende el saldo que ya se conoce, pues las decisiones oficiales han cobrado ya una novena víctima: el maestro Pánfilo Hernández, asesinado el miércoles 18 por un paramilitar.
5. La represión estatal la quieren camuflar Fox y Calderón vistiendo a militares y a policías del Cisen de civiles y utilizando a grupos paramilitares, como en otros países latinoamericanos, con el fin de satisfacer la demanda del titular de la Sedena de que el Ejército no intervenga como brazo represor del gobierno panista, y ésta se perfila como la línea a seguir de un posible gobierno espurio calderonista. Después de que se conoció que con el aval de Calderón las fuerzas armadas preparaban contingentes paramilitares para el próximo sexenio, el general retirado Francisco Gallardo aseguraba que había sido "el ejército, a través del EMP y de la PFP, el que tomó el Palacio Legislativo" (Proceso 1557), y ahora en Oaxaca están apareciendo soldados y policías asesinando a miembros de la APPO.
6. El Informe de la Comisión Nacional de Derechos Humanos sobre el operativo policiaco de San Salvador Atenco el 4 de mayo, que se acaba de dar a conocer (15 de octubre), y que desde Los Pinos se ha tratado de minimizar y descalificar, es de enorme gravedad, pues confirma que participaron elementos militares, de la PFP y del gobierno mexiquense que contando con consigna oficial cometieron impunemente todo género de delitos -homicidio, allanamiento de morada, violación- y que además el gobierno federal ha estado encubriéndolos.
7. El programa económico y social que llevaría a cabo un gobierno de facto de Felipe Calderón, que no fue enunciado a lo largo de la campaña, lo empezó a dar a conocer en tono dogmático Agustín Carstens, ex sub director gerente del FMI, el mismo día en que fue presentado a Calderón como su futuro secretario de Hacienda, lo cual deja a éste como un pelele. Para Carstens, egresado de la Universidad de Chicago, y hombre de confianza de Salinas y de Zedillo, lo urgente es privatizar el sistema de pensiones, las paraestatales y las universidades públicas.
8. La desesperación de Calderón por el clima político que ha generado su imposición ilegal aumenta, y él no hace sino avivarlo buscando culpables en quienes ganaron la elección que junto con sus amigos él se está robando. El nuevo fascismo lo encarna esa derecha irracional que se ha aferrado a él, y que a través de Televisa, de sus diarios y de sus intelectuales orgánicos se ha convertido en una especie de comité de salud pública y pretende dictar a la coalición Por el Bien de Todos cómo debería comportarse en términos de lo políticamente correcto, y exige a López Obrador que deje de tener un liderazgo político al tiempo que preconiza la necesidad de que Cuauhtémoc Cárdenas asuma el control del PRD.
9. La principal paradoja es que una minoría ilegítima y carente de principios éticos, que mediante la simulación, la violencia electoral y ahora de la violencia material pretende seguir apoderada del aparato de Estado, se está arrogando el privilegio de poder dictar a las mayorías cómo deben comportarse.
10. Los grupos de tecnócratas priístas y de empresarios traficantes de influencias encabezados por Salinas de Gortari, que aliados a la burocracia panista pretenden seguir usufructuando el poder político y disponiendo a su antojo de los recursos de la nación, y que ahora manejan a Calderón como a una marioneta, constituyen una minoría, y el pueblo lo está comprendiendo cada vez de manera más clara.
A continuación una excelente e interesante entrevista que le hizo Julio Hernández López a Federico Arreola, fundador y ex director del periódico Milenio así como simpatizante del movimiento de Andrés Manuel López Obrador y miembro de la comisión organizadora de la Convención Nacional Democrática, después de que el actual director del Diario Milenio Carlos Mierdín y el editorialista Ciro Cómez Mierda decidieran "echarlo" y no volver a publicar más su columna "De Ribete".
Chéquenla, está en verdad muy buena:
Cómo humilde solidaridad con el periodista Federico Arreola y como un acto de repudio a la censura por parte del periódico Milenio, he decidido retirar el enlace a la página de ese diario.
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